España creará una "jurisdicción universal" contra la pesca pirata

El Gobierno soporta todo tipo de reproches en foros internacionales por la actuación de empresas españolas en aguas internacionales. La empresa gallega Armadores Vidal acumula un negro historial en medio mundo desde que en 1999 fue acusado de pescar de más en el Antártico. Pero el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino afirma que su margen de actuación es limitado, ya que los buques suelen tener bandera de conveniencia -Belice, Guinea o Corea del Norte- y que según Naciones Unidas les correspondería a estos países perseguirlos. Por eso va a reformar la Ley de Pesca Marítima, de 2001, para crear "una jurisdicción universal", según explica el director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura, Fernando Curcio.

Existe alarma internacional por el abuso pesquero en la Antártida

El anuncio llega después de tres años de cartas en los que la Comisión Europea exige a España mano dura contra Vidal y critica la permisividad con estas prácticas. La última comunicación a la ministra Elena Espinosa es del pasado 29 de enero y fue hecha pública ayer por Greenpeace. En una de las misivas, de 2006, el comisario Joe Borg critica la "pertinaz participación de Vidal Armadores" en la pesca ilegal.

En 2006, Antonio Vidal hijo fue condenado en EE UU por intentar introducir en ese país 24 toneladas de merluza negra capturada ilegalmente. Medio Ambiente ha documentado que el 16 de octubre de 2005 uno de los buques de Vidal, el Galaecia, "tuvo contacto con un buque ilegal, el Hammer, en el Índico al que le pasó su carga". La pesca desembarcó en Kenia, de allí fue a Sintes, en Portugal, y terminó en Vigo. Medio Ambiente ha denunciado el caso a la fiscalía.

El barco está denunciado por la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (CCAMLR), que en 1999 protestó por primera vez por la sobrepesca de rodaballo de profundidad por parte de estos barcos de armadores españoles. Este diario intentó ayer, sin éxito, contactar con Antonio Vidal, pero en la sede de la empresa dijeron que no había nadie disponible.

Algo parecido hizo el Paloma V. Los inspectores neozelandeses descubrieron el 16 de mayo de 2008 en Auckland que, según el ordenador del buque, había tenido contacto en alta mar con dos pesqueros ilegales, el Chilbo San 33 y el Ina Maka. En 2003, el Viarsa I fue perseguido durante 21 días por patrulleras australianas y después de una persecución de 3.900 millas náuticas (7.200 kilómetros) fue apresado cerca de Suráfrica. La intención de la reforma legal es poder multar y retirar el permiso de pesca a estos buques independientemente del pabellón que luzcan.

Curcio relata los casos con resignación. El Belma fue sorprendido con un tiburón de profundidad en su bodega pese a que legalmente se encontraba faenando con un palangre de superficie. El Tritón I tiene un expediente abierto por pesca excesiva en aguas antárticas. Generalmente, los barcos ondean banderas de países como Guinea Ecuatorial o Namibia.

Medio Ambiente sostiene que ha multado a la empresa en reiteradas ocasiones -más de 180.000 euros- pero asegura que llegar a cobrar la multa es complicado. "Es muy difícil documentar la ilegalidad. Y cuando le imponemos una multa, el caso acaba en el contencioso y se alarga enormemente". Por eso Curcio resalta que el ministerio prepara el cambio legal. "La ley dejará claro que podremos perseguir a capitanes o armadores españoles que operen en aguas internacionales o incluso en aguas de otro país y nos facilitará mucho las cosas", señala Curcio, quien admite que hay "una alarma internacional muy grande por la sobrepesca de estos grupos en aguas antárticas".

Los ecologistas critican que el Gobierno español no sólo no ha aplicado toda la mano dura posible. "Una cosa es que sea difícil perseguirlo, que puede ser. Pero la burla es que el Gobierno ha subvencionado a Vidal", señala Sebastián Losada, responsable de pesca de Greenpeace. La organización ha denunciado a la fiscalía estas subvenciones, que según Greenpeace entre 2003 y 2005 alcanzaron los 3,6 millones de euros. La Comisión Europea ha pedido a España que inicie los trámites para devolver las ayudas para preservar "la imagen de España y de la Comunidad en los foros internacionales".